A- de 2021

Con el presente auto se resuelven seis conflictos de competencia suscitados entre varias autoridades judiciales, en torno a múltiples acciones de tutela formuladas por una serie de personas en contra de la CNSC y la Universidad Sergio Arboleda, por hechos relacionados con las Convocatorias Territoriales para proveer vacantes en diferentes entes públicos.

Todos los despachos judiciales se abstuvieron de avocar el conocimiento de las solicitudes de amparo que les fueron repartidas, con base en las directrices contenidas en el Decreto 1834 de 2015, relativas al reparto de los recursos de amparo que se enmarcan dentro del fenómeno denominado “acciones de tutela masivas” Luego de analizar cada uno de los asuntos y los argumentos de todos los operadores jurídicos involucrados, la Corte decidió remitir los expedientes de tutela así: a) Los asuntos comprendidos en el primer caso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquirá, b) El asunto comprendido en el segundo caso al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla. c) Los asuntos comprendidos en el tercer caso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquirá, d) Los comprendidos en el cuarto caso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquirá e) El asunto comprendido en el quinto caso al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y, f) El asunto comprendido en el sexto caso al Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla.

A todos los despachos se les ordenó continuar con el trámite correspondiente y proferir la decisión a la que haya lugar.

A todas las autoridades judiciales se les advierte que, en lo sucesivo, deberán observar con estricto rigor la jurisprudencia de la Corte en materia del alcance y la aplicación del Decreto 1834 de 2015, la cual fue reiterada en la presente providencia, de suerte que no se desnaturalice la regla de competencia “a prevención”, ni se afecten los principios que gobiernan el trámite de la acción de tutela.

A los Juzgados Primero Administrativo de Girardot y Primero Laboral del Circuito de Zipaquirá se les advierte de manera particular que, los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.

De ahí que deban observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.